En España se terminaron los precios sugeridos

Una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia español decretó que la gran mayoría de los empresarios que explotan estaciones de servicio no son meros comisionistas o agentes de las petroleras, sino empresarios independientes que compran y venden naftas y gasoil y no se les puede imponer el precio de venta de los productos, como hacían hasta ahora las grandes compañías. 

Según explica el diario ibérico “Xornal” El Supremo declaró nulos los contratos de suministro en régimen de exclusividad firmados entre las petroleras y el 80% de la red de estaciones de servicio en España, porque considera que infringen las normas comunitarias de competencia. Esta sentencia –que se falló en contra de Repsol– sienta jurisprudencia para otros pleitos similares que están actualmente en los juzgados, y que abren la puerta a numerosas demandas contra el oligopolio formado por Repsol, Cepsa y la británica BP. 

La sentencia se suma a la sanción de 7,9 millones de euros que la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) puso a las tres grandes compañías en julio del año pasado por imponer precios a los expendedores independientes que operan bajo sus marcas. Aparte de esta sanción, varias sentencias en los últimos años constatan que las petroleras han venido fijando los precios de venta al público por medios directos o indirectos desde que en 1993 se extinguiera el monopolio. 

Según la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Ceees), esa práctica abusiva y oligopolística “infringe” las normas españolas y comunitarias de competencia y ha provocado “un daño enorme”, tanto a los empresarios del sector como a los consumidores finales, “que se han visto privados de los beneficios que la libre competencia genera en cualquier mercado”. 

Alfredo Hernández es asesor jurídico de la confederación y explica que la sentencia del Supremo “acarreará más demandas” por parte de los empresarios de las estaciones de servicio. “Históricamente hay dos momentos en el control que las petroleras han ejercido sobre las gasolineras. Hasta 1993, ellas fijaban el precio de forma unilateral y los empresarios independientes acataban. A partir de 2001 se puso fin a esa práctica de forma generalizada”, dice, aunque el sector afirma que las petroleras siguen siendo las únicas que deciden cuánto debe pagar el consumidor, aunque, según Hernández, lo hacen de una forma “más sofisticada”. “En la factura ya no indican el precio final del producto, sino que ponen un precio recomendado que, cuando lo comparas con el que aparece en los paneles de la gasolinera, descubres que es el mismo”, aclara el asesor de la Ceees. 

Desde la Confederación Española de Consumidores y Usuarios (CECU), valoran la sentencia, aunque son muchas las cosas que todavía tienen que cambiar. “Hay falta de transparencia en la fijación de precios de los combustibles”, indica un portavoz de CECU. “Es necesaria una renovación en este mercado, ya que los consumidores no notan la baja del precio del petróleo pero sí su subida, que siempre se corrige de forma inmediata”, añade. 

Como aprecia el Tribunal Supremo y recogen los distintos juzgados y tribunales españoles, la infracción de la normativa por parte de las grandes distribuidoras petrolíferas conlleva el derecho a indemnización, que “deberá analizarse en cada supuesto particular”, según matizan desde la Ceees. Como consecuencia de esto, resulta que, en la práctica y a día de hoy, la gran mayoría de las obligaciones de suministro en exclusiva forzadas por las petroleras no existen ni han existido nunca. “Son nulas de pleno derecho”, aseguran los representantes de los empresarios independientes. El sector está convencido de que el dictamen del Alto Tribunal “propiciará un cambio sustancial” en el sector de los hidrocarburos, algo que beneficiará a los dueños de las estaciones de servicio y que, al final, redundará en beneficio de los consumidores y usuarios.