Activar/Desactivar Leer Página
En medio de las reformas impositivas que se vienen implementando y con la intención de lograr cambios en el sistema de medición de los trazadores químicos, los directivos de FEC estuvieron planteando el tema en la sede del ente recaudador nacional
En la tarde de ayer, integrantes de la Comisión Directiva de la Federación de Entidades de Combustibles, se reunieron con autoridades de la Administración Federal de Ingresos Públicos para unificar criterios y gestionar alternativas en la implementación de los denominados “Trazadores Químicos”, con el objetivo de que no recaiga toda la responsabilidad sobre los estacioneros.
Más específicamente, los dirigentes del sector reclamaron sobre las causas por las que, las compañías petroleras deben ser quienes se hagan cargo de los costos de los trazadores, los cuales siguen en franco incremento de acuerdo al valor del dólar que en los últimos meses sigue en carrera alcista.
Por parte de FEC, asistieron el presidente Juan Carlos Basílico y sus asesores, el Abogado Alejandro Tobalo y el Contador Sebastián Vázquez y como representantes del organismo tributario, el Jefe del Departamento de Acciones de Servicio, Gonzalo Ceccacchi, la Abogada Fabiana Bermúdez, la Asesora de la Dirección de Programas y Normas de Servicios al ciudadano, Graciela Castro y el Director de análisis de Fiscalización Especializada, Hernán Cruells.
“Básicamente el pedido pasó por la derogación de la norma que obliga a los expendedores a efectuar las pruebas químicas para verificar que el producto no tenga otro destino que el que no sea de ser vendido en una Estación de Servicio y que por lo tanto no está exento del impuesto a los combustibles líquidos”, explicó a la salida del encuentro el asesor contable Sebastián Vázquez.
Agregó el especialista a surtidores.com.ar que “consideramos que hay una delegación de facultades que le corresponden al Estado, las cuales en este caso, se las trasladan a los particulares, con el consecuente riesgo de que finalmente podría haber una cuestión constitucional involucrada”.
En este caso, el Abogado Tobalo, justificó dicho concepto en el hecho de que si se da el caso de que algún expendedor al realizar la verificación, se entera de que el combustible es ilegal, podría incurrir en una autoincriminación de un posible delito. De esta manera, advirtió que con esta norma se viola la garantía constitucional del derecho a no acusarse a uno mismo.
En tercer lugar, se planteó la posibilidad de actualizar el costo del reactivo en el IVA. Hoy se computan solamente 3 mil pesos, cuando hoy el costo del dólar supera los 20.
Finalmente los dirigentes explicaron a los funcionarios que la obligación de ejercer el control por parte de la AFIP, pasa además por la necesidad del propio Estado de descubrir posibles maniobras de malversación de los combustibles, especialmente en las zonas exentas por la ley 27.209 (ley Pichetto).
Por su parte, los agentes impositivos escucharon con atención los planteos de los estacioneros y se comprometieron a seguir el tema y convocaron a un nuevo encuentro luego de que se estudie el reclamo.
Agregaron que según el cronograma de reparticiones gubernamentales, existe un área dentro del Ministerio de Energía, al cual le será transferido el análisis correspondiente, para que avance en el trabajo conjunto.
DEJANOS TU COMENTARIO!