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Mantuvieron conversaciones con legisladores y autoridades y lograron que el Senado archive la medida. Ayer se concentraron en Paraná, Entre Ríos, para alertar sobre los inconvenientes tributarios y administrativos que va a desencadenar la normativa, tal como ocurrió en otras provincias en las que ya está en vigencia.
El Gobierno de Entre Ríos buscaba recaudar entre 22 y 24 millones de pesos aplicando un canon sobre el precio de venta del gasoil común del 2.62 por ciento, 4.6 por ciento en la nafta Premium y 5.82 por ciento en el metro cúbico del GNC. En teoría, estos recursos serían destinados a la reparación de rutas y caminos.
El proyecto fue impulsado por el Frente para la Victoria, a días de perder la mayoría legislativa, sin previo consenso de los sectores involucrados: empresas de transporte carga, bocas de expendio y asociaciones de defensa del consumidor.
Frente a esta medida, Mario Amado, presidente de la Cámara de Estaciones de Combustibles y Anexos de Entre Ríos (CECAER) comenzó las gestiones junto a colegas de la zona para advertir sobre los efectos negativos que puede acarrear en los operadores minoristas.
“Estamos trabajando con senadores y diputados para preguntarles sobre el tema y para ver si pueden parar el proyecto; en principio estamos en desacuerdo; ya es escandaloso el porcentaje de impuestos que tiene el combustible”, sostiene.
En lo que respecta a las estaciones el dirigente pone el acento en explicar a los funcionarios sobre “la inconveniencia que genera por cuestiones impositivas y administrativas; por lo menos no queremos tener más costos por recaudar dinero del Estado; planteamos que se hagan cargo del Impuesto a los Ingresos Brutos, al cheque y otros gastos operativos”.
Además, señala que los camiones que se dirigen hacia Buenos Aires y pasan por Entre Ríos dejarán de llenar el tanque, esperando mejores importes en surtidor en los distritos vecinos. “Van a comprar gasoil en Campana o Zárate”, se anticipa. En tanto, alerta que podrían cerrar locales, ante una eventual caída de las ventas.
La presión de los estacioneros junto a otras ramas económicas afectadas por la medida dio resultado: en la sesión de ayer, el senado decidió archivar el proyecto por “haber perdido sentido de la oportunidad”.
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