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El organismo reclama a la cámara empresaria de esta provincia que los ingenieros y técnicos que prestan servicios en las bocas de expendio estén matriculados, planteando un esquema tarifario en función de la localización y estipulando aranceles más altos para los no residentes. El punto de vista y respuesta de los expendedores minoristas.
Por ser una actividad de interés público que funciona durante las 24 horas del día, comercializa productos inflamables y ofrece diversos servicios, las estaciones de servicio requieren de especialistas en cuestiones técnicas. En el caso de los comercios duales, que además de líquidos despachan GNC, esta gestión es aún más importante.
Para estas tareas, los operadores solicitan servicios de personal caracterizado, en muchos casos con títulos universitarios, en otros, en cambio, sin trayectoria académica, pero con gran experiencia y oficio.
No obstante, desde el Colegio de Ingenieros y Técnicos de la Ingeniería de la Provincia de San Luis se comunicaron en reiteradas oportunidades con la Cámara de Expendedores de esa provincia (CECASL) exigiendo que se regularice la situación de las personas que trabajan en los asuntos que consideran bajo su órbita.
“Estamos en el medio de una situación compleja con el Colegio porque ha iniciado una acción intensa para controlar que los ingenieros y representantes técnicos de las estaciones estén matriculados en la provincia”, explicó Martín Chada, presidente de la entidad.
Rechazando el planteo de la asociación civil, los empresarios hicieron saber sus argumentos a través de una nota: “el decreto (2293/92) en el art. 1º expresa: “todo profesional universitario o no universitario que posea un título con validez nacional, podrá ejercer su actividad u oficio en todo el territorio de la República Argentina, con una única inscripción en el Colegio, asociación o registro que corresponda al de su domicilio real“.
En tanto, los expendedores cuestionaron el esquema de tarifas que presentó la organización, que atribuye mayores aranceles a quines no estén radicados en San Luis: “el precio fijado para profesionales de otra jurisdicción es abusivo, discriminatorio y desigual”, denuncia.
Siguiendo con la idea, CECA preguntó: “¿Por qué este colegio en el ejercicio de sus facultades no fomenta la capacitación de sus colegiados para prestar estas tareas?”. No se conocen cursos o acciones de formación por parte de la entidad, incluso cuando no hay ingenieros inscriptos a la institución que estén habilitados por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) para realizar las tareas que requiere un puesto de carga de combustible.
A modo de cierre, CECA, sintetizó: “no es asunto de esta Cámara lo que diferentes profesionales gestionen o no ante el colegio. Sí lo es que estos profesionales que deberán pagar mayores y discriminatorios costos van – indefectiblemente – a trasladarlos a sus clientes, es decir, a las estaciones. Y éste sí ya es un asunto de la Cámara”.
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