Una solución original y definitiva para impedir la integración vertical

En el país ibérico se ha desatado una batalla entre el Gobierno y las petroleras por los precios de las naftas y el gasoil. Las autoridades, que  acusan con insistencia a las compañías por sus excesivos márgenes, anunciaron días atrás una nueva medida para tratar de reducir la cuota de mercado que tienen los tres grandes operadores.  Los últimos datos de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) señalan que de las 7.734 estaciones de servicios que había en España, 3.615 eran de Repsol (un 46,7 por ciento del total), 1.470 de Cepsa (un 19) y 680 de BP (8,8).

La ministra de Fomento, Ana Pastor, explicó que la principal novedad que se incluirá en la nueva Ley de Carreteras consistirá en prohibir el encadenamiento excesivo de estaciones de servicio de igual bandera en las vías, en concreto tres o más. Aunque se aplicará únicamente en los casos en los que haya una boca previa y posterior del mismo operador.

Para justificar la limitación, el Gobierno explica que el sector tiene “una gran relevancia para la economía española “, por lo que resulta necesario “promover la competencia” con este tipo de medidas. Es así que propone “limitar el grado de concentración de los operadores mayoristas en las concesiones de explotación de las áreas de servicio que cuenten con instalaciones de distribución al por menor de productos petrolíferos, prohibiendo el encadenamiento de estaciones de servicio de igual bandera“.

De esta manera, el Ejecutivo sigue apostando por elevar la competencia en el sector de tal manera, que el reparto del negocio se haga entre más empresas. Ya estableció una modificación sobre los contratos en exclusiva en los que el distribuidor minorista (estación) terminaba convirtiéndose en un mero revendedor con descuento fijo o comisionista de la petrolera que le suministraba el combustible. Los limitó a un máximo de un año, prorrogable por otros tres si existía acuerdo entre las partes.

Posteriormente, en 2013, aprobó un real decreto por el que ningún operador de productos petrolíferos tendría una cuota de mercado superior al 30 por ciento en cada provincia. No podría incrementar el número de estaciones de servicio ni suscribir nuevos contratos de distribución en exclusiva al por menor, independientemente de la titularidad. Una modificación que el propio titular de Industria, José Manuel Soria, reconoció recientemente que no había dado los resultados previstos y que ha llevado a su departamento a establecer nuevos cambios.

La norma permitía, no obstante, renovar los contratos preexistentes que expirasen “aunque con ello se superara la cuota de mercado del 30 por ciento”. Una interpretación que permitió a los operadores de mayor tamaño cerrar bocas no rentables por otras con mayores ventas, lo que hizo que incrementaran su cuota por volumen de combustible vendido.