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Desde la semana pasada, todas las estaciones de servicio de Portugal están obligadas a comercializar combustibles simples, que no contienen aditivos y son más económicos, para cumplir con una ley que ha suscitado polémica entre las petroleras.
La nueva norma, aprobada en el Parlamento por unanimidad el pasado diciembre, irá en beneficio de los consumidores y pretende garantizar su libertad de elección a la hora de elegir qué tipo de combustibles utilizar, según explicó entonces el Gobierno.
No obstante, las petroleras avisaron de que, pese a que estos combustibles son más baratos de producir porque no llevan aditivos, la diferencia de precio será poco significativa, y la adaptación de sus estaciones de servicio a la nueva legislación les ha supuesto además un costo adicional.
El ministro luso de Energía, Jorge Moreira da Silva, aseguró que los primeros datos sobre la venta de estos productos de menor calidad apuntan a un ahorro de tres céntimos de euro por litro, y espera que el beneficio pueda ser mayor en el futuro.
Las cuatro principales petroleras que operan en Portugal siguieron diferentes estrategias para cumplir con la nueva ley.
Galp decidió seguir comercializando los combustibles normales y sustituir su gama “premium” -con aditivos y más caros- por los nuevos combustibles simples. Por el contrario, las españolas Repsol y Cepsa y la británica BP ofrecen sólo sus productos “premium”, además de los obligados combustibles simples.
Esta diferencia de estrategias “es una buena señal y significa que la competencia y el mercado están funcionando, y que no existió una consulta entre las empresas para limitar la oferta y la libertad de elección“, consideró el titular de Energía.
Aunque la obligación de comercializar combustibles simples entró en vigor, las petroleras tienen de plazo hasta el próximo 4 de mayo para adaptar la señalización de cada tipo de derivado en los surtidores de sus estaciones de servicio
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