Opinión: “Los abusos que el mundo financiero impone sobre las estaciones de servicio”

El impuesto a los débitos y créditos surgió como herramienta de salvataje para un Estado que estaba inmerso en un proceso de crisis profunda, durante el epílogo de los 90. Fue una medida que en su momento permitió mejorar la recaudación y ordenar las cuentas fiscales, pero que ahora no encuentra argumento sólido. Fue fácil de instalar, pero es complicado de retirar.

Este gravamen afecta la rentabilidad de las bocas de expendio, asegura Ángel Luis Bigatti, el presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio de Formosa, quiénes abonan no sólo el dinero que obtienen por el lucro de su actividad, sino también por los tributos que recaudan para derivar a los organismos fiscales, por caso, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), además de otros provinciales y municipales. “Es lo que denomino anatocismo fiscal”, cuestiona el empresario del norte.

Si a esto se agrega la exigencia de ofrecer como opción de compra las tarjetas de débito y crédito, Bigatti afirma que el margen que queda para los expendedores minoristas es insignificante, desactualizado respecto de los costos que presenta el negocio. “Cuando a nivel mundial la tasa que cobran los bancos es del 0.5 por ciento nosotros pagamos el 1.5 y nos acreditan el dinero a los 30 días, también pagando sobre impuestos”, apunta.

En estas condiciones, el también ex docente de economía de la universidad local, plantea que “el combustible es una herramienta de recaudación impositiva”. De hecho, de su valor al público el 60 por ciento tiene como destino la caja del Estado.

Exigencias de otro mundo

El expendedor de Formosa alerta sobre las condiciones de competencia que enfrenta la actividad en relación a los comercios que pertenecen directamente a las grandes marcas, como YPF, AXION energy, Shell, Oil Combustibles y Petrobras. “Hay una política de imponer el uso de las tarjetas que las mega-estaciones de las petroleras pueden ofrecer”.

En su opinión, es un claro caso de “competencia desleal”. Son nuevos reclamos de las autoridades, para evitar el uso de efectivo y registrar el grueso de las operaciones, que desmenuzan los ingresos del rubro.

Demanda inelástica

Bigatti explica que la caída de la demanda en los surtidores obedece a una disminución de la capacidad de compra de la ciudadanía, debido al menor ritmo de actividad que presenta la economía. En tanto, minimizó el efecto de los aumentos de precios. “El combustible es un producto de demanda inelástica; la disminución del poder adquisitivo hace que uno tenga menos dinero en el bolsillo, y con eso, tome ciertas preferencias como usar la moto en vez del auto o evitar salir de casa”.