Opinión: “disconformes con el proyecto de ley de combustibles”

Si bien saluda y reconoce el armado de la multisectorial, Manuel García, presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio Independientes (AESI) asegura no estar de acuerdo respecto de la propuesta que apunta a establecer un marco regulatorio del negocio minorista, consensuada por las cámaras empresarias, el sindicato de la actividad y empresas petroleras.

García esgrimió sus argumentos: “este ante-proyecto de ley convalida la competencia desleal y abuso de posición dominante por parte de las grandes compañías, flagelo que castigó duramente al sector expendedor durante los últimos diez años y que llevó al cierre de 3.000 estaciones servicio y 50.000 puestos de trabajo”.

En su opinión, el hecho de que se permita a las refinerías despachar a través de canales propios hasta un 15 por ciento de las naftas y gasoil que se consumen en la plaza “significa hacer legal la integración vertical”. Y bajo su óptica esto no se puede permitir.

“Según encuestas efectuadas más del 75 por ciento de los expendedores se pronunció en contra de que las compañías petroleras puedan operar bocas de expendio propias. Lamentablemente, el texto está lejos de generar las condiciones para que haya igualdad en el mercado”, sostiene el dirigente.

Respecto de los locales blancos, García señaló: “debiéramos ser abastecidos en tiempo y forma, con precios competitivos por las destilerías. Y no a través de distribuidores parasitarios que encarecen el producto, restándole rentabilidad al sector independiente”.

Siguiendo la idea, el empresario dijo que “este proyecto de ley, que fue tratado hace ya muchos años, y fue presentado en varias oportunidades al congreso sin éxito, tenía como objetivo principal, evitar que los proveedores de combustibles puedan tener estaciones de su propiedad”.

Firme en esa convicción, García propone imitar experiencias que han arrojado resultados positivos: “Habría que haber tomado modelos y reglamentos que funcionan en los países desarrollados, como por ejemplo, en la Unión Europea, donde la comisión anti monopólica que funciona con sede en Bruselas castiga duramente a aquellas empresas que hagan abuso de posición dominante y acuerden precios”.