Opinión: inconvenientes para entregar tickets por la carga de combustibles

En la última década creció exponencialmente el parque automotor, a un ritmo de 800.000 rodados por año, al tiempo que cerraron en nuestro país 2.500 bocas de expendio de naftas y gasoil. Esta tendencia hizo que llenar el tanque se tornara una tarea programada y organizada por los consumidores, preocupados y conscientes de que habrá que esperar largo rato antes de llegar al surtidor.

En consecuencia, los operarios de playa explican que en las horas de mayor demanda es complicado por cuestiones de tiempo emitir el recibo que exige la Administración Nacional de Ingresos Públicos (AFIP) en la Ley Nacional 11.683. Los usuarios no los requieren y se niegan a esperar su recepción. Se observa sobre todo en las marcas más económicas.

A pesar de esta complicación de la operatoria diaria que impuso el mercado, Jorge Christiani, abogado y asesor legal en asuntos de energía, asegura respecto de la actividad que “en general las clausuras más comunes son las que lleva adelante AFIP por no emitir facturas a través del controlador fiscal”.

“Se da en el caso de las estaciones de servicio una particularidad derivada de cierto hábito de los consumidores finales que, urgidos por el tiempo de espera que lleva la carga, (a veces incrementada la demora por la filas que se forman) y es que no quieren esperar la emisión y entrega de ticket que respalda la operación, pero esto obedece más a un deseo del cliente que a la voluntad del estacionero”, sostiene el experto.

Preocupa a los empresarios porque no sólo es una cuestión para plantear ante la AFIP. “Existen otras legislaciones, incluso provinciales, en donde las direcciones de rentas aplican similar normativa. Estas tienden a evitar la eventual omisión o defraudación que pudiera generarse a partir de la no emisión en tiempo y forma de las operaciones”, agrega.

De todas maneras, Christiani aclara que no es usual que se produzcan irregularidades por parte de los expendedores: “es un mercado muy controlado por las petroleras y los organismos de recaudación”. No obstante, recomienda a los comerciantes que “cumplan la normativa vigente”.