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Desde la Confederación que los representa a nivel nacional se manifestaron en contra de la intervención del Estado en los asuntos del mercado. De todas maneras, no esperan modificaciones en el negocio, ya que indirectamente las principales variables están dirigidas por YPF.
El paquete de reformas propuesto por el Ejecutivo, que incluye entre otros proyectos la Ley de abastecimiento, tiene por objetivo actualizar los mecanismos existentes, regular las distintas actividades económicas y resguardar los intereses de los consumidores, limitando las prácticas de los actores del sector privado.
Oscar Díaz, presidente de la Confederación de la República Argentina (CECHA) considera que estas modificaciones no traerán grandes cambios en el rubro, ya que en la actualidad es el Estado, a través de YPF, quién orienta los precios, los volúmenes de producción y otras cuestiones de importancia.
Díaz considera que en el sector empresario “nadie puede estar a favor de esta propuesta”, debido a que “la ley implica una introducción del Estado en cuestiones particulares”.
No obstante, el presidente de CECHA advierte que este nuevo marco regulatorio “abre la puerta para un control de precios más estricto”. Habría un sustento legal para actuar sobre mercados en los que el Gobierno considera que las compañías estén aplicando prácticas unilaterales, en pos de un beneficio individual.
Aunque si se analizan los años de Gobierno de la actual fuerza política, desde 2003 a la fecha, siempre el valor de las naftas y gasoil al público fue un punto que concentró la atención de las autoridades por su impacto en el bolsillo. Hasta 2011, las pizarras se mantuvieron congeladas, con autorizaciones mínimas para aumentar. Más tarde, en los comienzos de 2012, cuando el Estado expropió a Repsol de YPF, el panorama se transformó sustancialmente. Esta última etapa estuvo marcada por ajustes constantes y profundos impulsados por la firma estatal, lo que en definitiva muestra otra cara de la intervención.
Antes lo hacía Guillermo Moreno, el ex Secretario de Comercio Interior, ahora el Gobierno encontró un andamiaje legal más apto para este tipo de modificaciones. Podría pensarse que apunta contra la concentración de los medios de producción. Sin embargo, en la década pasada el grueso de las actividades profundizó el proceso de aglutinación de recursos en pocas manos.
En este contexto todo indica que la ley de abastecimiento no fue pensada en puntual para el sector de los combustibles, ya que el Gobierno no está teniendo inconvenientes para manejar su rumbo.
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