Decididos a nacionalizar la propuesta “sin casco no hay nafta”, diputados de distintas bancadas propusieron modificar el artículo 40º de la Ley N° 24.449 de “Tránsito“, en puntual el Artículo 30 que hace referencia a las condiciones de seguridad que deben presentar los vehículos.

El Proyecto de Ley sugiere la prohibición de expender o vender combustibles a los motociclistas que concurran a abastecerse a las estaciones de servicio sin estar equipados del casco protector.

Sus impulsores señalan que el derecho a ejercer el comercio no queda cercenado per se, en la medida que no es legal ejercer dicha actividad desde un ilícito. “Así como se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años, perfectamente el legislador puede establecer la prohibición de expendio de combustible, a aquellos que se encuentran fuera del marco de la ley, violentando el deber de utilizar el casco establecido por la ley 24.449”, afirman.

Como ejemplo enumeraron diversos antecedentes a esta norma: ordenanza 270/2009 en Villa Mercedes, San Luis; ordenanza 11684/2010 de la ciudad de Santa Fe; Ordenanza Nº 8816/2011 de Rosario. También han dictado ordenanzas las localidades de Puerto San Martin (pcia. de Santa Fe) y Merlo (pcia. de San Luis), Rio Cuarto (pcia. de Córdoba), San Salvador de Jujuy, Goya (Corrientes), Villa María (Córdoba).

La medida busca disminuir el número de accidentes fatales por choques o caídas de motos. Según la ONG, “Luchemos por la Vida”, los motociclistas que no usan casco tienen mucho más alto riesgo de muerte o de sufrir lesiones permanentes. Al respecto citan un informe de la Oficina General de Contaduría de Estados Unidos (GAO), que ha estudiado y probado que quienes usan el casco tienen un 73 por ciento menos de mortalidad que los que no usan el casco y hasta un 85 por ciento menos de lesiones graves.

Los expendedores por su parte, si bien expresan su deseo de colaborar en la prevención de accidentes, rechazan la iniciativa argumentando que no tienen el poder de policía para controlar a quienes no cumplen con las reglamentaciones viales. “No nos corresponde“, aseguran.

Precisan que la negativa provoca en muchos casos reacciones violentas que van desde insultos hasta agresiones físicas. “Podemos ayudar desde las estaciones de servicio colocando afiches y tratando de hacer publicidades que fomenten el uso“, afirmó al respecto el presidente de la Asociación Mendocina de Expendedores de Naftas y Afines (Amena), Octavio D’Ascanio, en cuya provincia trabajan junto al Ministerio de Seguridad en un proyecto de ley superador.