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Hacen referencia a la sentencia del máximo tribunal de Jujuy que suspendió la aplicación del gravamen hasta que se pronuncie la Corte Suprema de la Nación. Los estacioneros consideran que sirve como antecedente para otros distritos, por caso, Córdoba y localidades bonaerenses en las que avanza su instrumentación
La semana pasada la justicia de Jujuy dio lugar a una medida cautelar reclamada por expendedores de combustibles de San Salvador que plantea la inconstitucionalidad de una ordenanza que presentó el municipio con el objetivo de aplicar una tasa vial a la venta de naftas y gasoil.
Gracias a la gestión de las estaciones de servicio y consumidores se consiguió que no entre en vigencia hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo en la Corte Suprema de la Nación.
Con esta experiencia, Pablo Bornoroni, presidente de la Federación de Expendedores de Combustibles y Afines del Centro de la República (FECAC) adelanta que va a insistir en su provincia para que se tome la misma postura: “vamos a levantar firmas pidiendo que quede sin efecto”.
El empresario no encuentra motivos para que en una región del país sea inhabilitada pero en Córdoba se mantenga.
Respecto de la decisión de la Corte Suprema de Jujuy, Bornoroni destaca que “sirve como base, es un antecedente”, que genera jurisprudencia y abre las puertas para la suspensión en otras zonas.
Desde que rige en Córdoba asegura que “las estaciones se vieron muy perjudicadas”, al punto de que en algunos casos cayeron las ventas de combustibles hasta un 30 por ciento. En puntual mencionó a los comercios instalados en ciudades linderas con otras provincias en las que no se cobra.
En distintas oportunidades el sector se manifestó en contra de la tasa no sólo por considerarla ilegal sino porque entienden que distorsiona el mercado de combustibles, crea inequidades, eleva los costos de explotación de las estaciones de servicio, pone en riesgo las fuentes de trabajo y genera inflación.
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