Omar Judis, Secretario de Medio Ambiente, escuchó con atención la propuesta que elaboró la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA) que plantea mecanismos para reparar la contaminación producida en los terrenos de las bocas de expendio de combustibles.

En principio, el funcionario se mostró preocupado por la obligación legal de las estaciones de contratar Seguros Ambientales Obligatorios (SAO), entendiendo que para los operadores generan un costo operativo adicional difícil de afrontar. En estas condiciones recibió con agrado la idea de los estacioneros.

Tal es así que según indicaron desde CECHA ya se está trabajando en las formas legales que podría tomar la iniciativa. No se descarta que sea un proyecto de ley, un Decreto del Poder Ejecutivo o una resolución técnica. Esta es la primera instancia que debe resolverse para poder avanzar en su instrumentación.

Para colaborar con el Ministerio los expendedores solicitarán una audiencia con la cartera para los próximos días. Como desde un comienzo, los dirigentes pondrán a disposición los recursos que sean necesarios; de hecho, los expertos legales de CECHA están siguiendo el proyecto aportando el conocimiento necesario

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Por lo que evalúan desde las cámaras empresarias, hay locales en funcionamiento desde hace décadas que presentan un importante grado de contaminación. Dados los inconvenientes financieros que sufren por los bajos márgenes de rentabilidad que establecen las petroleras no están en condiciones de absorber el costo de las reparaciones.

Es por ello que proponen destinar centavos para el desarrollo de una caja que estaría administrada de manera tripartita: estaciones de servicio, el sindicato y representantes del Gobierno. Es la opción que hasta el momento coinciden en que es la más conveniente.

Según cuentan los estacioneros que participan de las audiencias, Judis está de acuerdo en que los seguros de caución no solucionan el problema de fondo. Aseguran que el funcionario coincide en que sólo funcionan como una garantía al Estado.