Crisis de la industria del biodiesel: alertan sobre la continuidad de las plantas

El espíritu de la Ley 26.093, que estableció un régimen de regulación y promoción para la producción y uso sustentable de biocombustibles, creada durante el Gobierno de Néstor Kirchner, lentamente va perdiendo significado. El sueño de  “industrializar la ruralidad” agregando valor a la producción del complejo sojero de a poco se transforma en una pesadilla de la que resulta difícil despertar.

El Consultor en Agronegocios y Director Ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno, Claudio Molina, redactó un documento para explicar el presente que atraviesa el sector de los biocombustibles en Argentina:

“La industria argentina de biodiesel era casi inexistente antes de 2007. Desde ese momento en base a inversiones que superaron los US$ 1200 millones, se produjo un importante impacto sobre el empleo a lo largo de su flamante cadena de valor favoreciendo la sustitución de importaciones y mejorando el balance de divisas del país. La misma tomó una ubicación preponderante en el contexto mundial. Es así que el mundo desarrollado se asombra ahora de la paradoja que representa un cambio tan profundo en las reglas de juego para esta industria, como la ocurrida principalmente desde 2012”, introduce Molina.

Puntualizando las medidas que la Unidad Ejecutiva de Monitoreo aplicó en desmedro de la industria plantea que en 2011 “la AFIP desconoció los plazos de vigencia de la desgravación al biodiesel prevista en la Ley 25.745 estableciendo que el biodiesel puro no destinado al corte obligatorio establecido en el artículo 7 de la Ley 26.093, debe tributar el 41 por ciento de impuestos específicos desde el 4 de noviembre y no desde julio de 2013, época en que vencían los diez años de desgravación general establecidos por la Ley 25.745”.

Este cambio tributario dejó al Biodiesel en una situación de competencia desfavorable frente al gasoil importado, exento de impuestos. Fue así cómo este producto de origen vegetal quedó lejos de las preferencias de las petroleras en el plano interno, por cuestiones de rentabilidad.

Molina solicita a las autoridades “garantizar un uso mínimo de biodiesel dentro del mercado interno” y “aumentar ese uso a medida que la industria se va consolidando o toda vez que se presente la oportunidad de sustituir crecientes importaciones de gasoil mineral”.

Con el mismo objetivo pide “procurar que los fabricantes de automotores homologuen el uso de biodiesel en porcentajes de corte con combustibles minerales superiores al 10 por ciento”. Una posibilidad interesante sugiere, sería dar al biodiesel que se usa para generación eléctrica el mismo tratamiento que se otorga al gasoil importado por artículo 30 de la Ley 26.895 Presupuesto Nacional 2014. Al menos, mejoraría el posicionamiento de dicho biocombustibles para incrementar su competitividad en este segmento de consumo.

En resumen, el referente de los biocombustibles enumeró las decisiones que afectaron a la industria: “La Unidad Ejecutiva Interdisciplinaria de Monitoreo aumentó los derechos de exportación y eliminó los reintegros de exportación del biodiesel, con un aumento efectivo de 10 por ciento sobre los niveles vigentes en julio de 2012”. 

Molina relató que en noviembre de 2013 tuvo que efectuarse un nuevo ajuste y segmentar el precio del biodiesel para el mercado interno en tres categorías: “fábricas grandes”, “fábricas medianas” y “fábricas chicas”, agregándose en los meses siguientes dos categorías más: “grandes no integradas” y “empresas en contingencia”. Destacó que los distintos precios entre estas categorías, no tuvieron ninguna diferencia lógica, sino que fueron totalmente digitados.

En su opinión la crisis se gestó “en noviembre de 2011, pero fundamentalmente a partir de agosto de 2012, por la creación de la Unidad Ejecutiva Interdisciplinaria de Monitoreo”.

Además, Molina alerta que “nunca se cumplió con la publicación del precio del biodiesel cada quince días, de acuerdo a lo establecido por el Decreto 1719/12, pasando períodos de hasta cerca de cuatro meses sin publicación del mismo, aplicándose luego normas retroactivas”, en lo que considera “otro hecho inconstitucional”.  Y agrega: “habitualmente los precios fijados son para algunos segmentos poco remunerativos y para otros-como el de las empresas más grandes- de quebranto”.