Las estaciones se inclinan por seguros de caución para enfrentar pasivos ambientales

Luego de idas y vueltas legales, en 2008 quedó establecido definitivamente que las estaciones de servicio deben adquirir una garantía al Estado para responder ante algún tipo de contaminación ocasionada al medio ambiente, de acuerdo con lo estipulado en la Constitución Nacional, artículo 41 y en la Ley General de Ambiente, N° 25.675 en su artículo 22.

Si bien en un primer momento la normativa quedó inerte en la práctica, poco a poco los entes encargados de fiscalizar su cumplimiento fueron inspeccionando a los expendedores de combustibles, conociéndose casos de intimaciones y clausuras en Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Gran Buenos Aires.

Este cambio de actitud por parte de los organismos de control obligó a las bocas de expendio a contratar la póliza más indicada para tal problema, conocida bajo el nombre de “Riesgo de Daño Ambiental de Incidencia Colectiva”, reglamentada en el artículo 22 de la ley de ambiente 25.675.

Jorge Furlán, el presidente de la Cámara Argentina de Aseguradoras de riesgo Ambiental (CAARA) indicó que “se están vendiendo más seguros” a las estaciones autónomas. Las bocas oficiales, de propiedad de las petroleras, los adquirieron desde un comienzo.

De todas maneras el titular de “Prudencia Seguros” aclara que “el núcleo de las empresas aún no ha cumplido con la legislación”, por lo que se espera un mayor movimiento con el correr de los meses.

A nivel general Furlán reconoce que el cuidado por los recursos naturales y los bienes colectivos “es un tema instalado que paulatinamente la sociedad lo va a ir asumiendo con mayor conciencia”.

Desde el sector empresario, mientras tanto, Luis Malchioldi, presidente de la Federación de Empresarios de Combustibles (FEC) no está de acuerdo en que sean los comerciantes minoristas los únicos garantes de los daños producidos en los terrenos, sobre todo en los casos de bocas de bandera. Apunta que esos casos los proveedores son solidariamente responsables.

“Estamos consultando por los seguros pero los precios son muy altos y además nos exigen para otorgar la cobertura el certificado de contaminación cero”, plantea el dirigente. Antes de resguardar el negocio, las aseguradoras solicitan que esté limpio el terreno y libre de polución.

Sin embargo, por inconvenientes de rentabilidad, para el grueso de los operadores se hace imposible costear los gastos de remediación, en puntual, para los comercios que funcionan desde hace más de 30 años, en los que Malchioldi reconoce que “es probable que presenten un alto grado de contaminación”, y por ende, realizar las obras de remediación implica el desembolso de un capital importante.