“La Ley de Abastecimiento y los precios de los combustibles”

Resulta imprescindible efectuar algunas referencias temporales al dictado de las normas que se mencionan dado que teniéndolas presente se puede llegar a comprender en mejor medida esta temática.-

La Ley de Abastecimiento N° 20680 data del año 1974. Por aquel entonces, en el convencimiento de que la especulación empresaria, trasuntada en el acaparamiento de mercaderías,  la disminución de la producción y la sobrestimación de costos eran la causa de la inflación, fue que  a fin de combatirla se decidió atacar lo que se consideró eran su causas.

La economía toda estaba por entonces híper-regulada, y las autoridades económicas habían dispuesto la fijación de precios oficiales o al menos fuertemente administrados en casi todos los bienes y servicios puestos en el comercio, circunstancia que originó el desabastecimiento de muchos de ellos  y la existencia de un mercado negro a su respecto.-

Con la finalidad de contar con una herramienta que posibilitara llevar adelante esta política de control y sancionatoria se dictó la Ley 20680 que facultó al estado a intervenir en “la compraventa, permuta y locación de cosas muebles, obras y servicios —sus materias primas directas o indirectas y sus insumos— lo mismo que a las prestaciones —cualquiera fuere su naturaleza, contrato o relación jurídica que las hubiere originado— que se destinen a la sanidad, alimentación, vestimenta, higiene, vivienda, deporte, cultura, transporte, calefacción, refrigeración, esparcimiento, así como cualquier otro bien mueble o servicio que satisfaga —directamente o indirectamente— necesidades comunes o corrientes de la población” (art. 1).

A fin de instrumentar tales objetivos la ley autorizó al Poder Ejecutivo a fijar precios máximos, márgenes de utilidad, congelar precios, dictar normas de comercialización o distribución, obligar a producir, comercializar, industrializar y distribuir bienes o servicios, prohibir la exportación de determinados bienes, de considerarlo necesario intervenir explotaciones comerciales, industriales, mineras, etc.. En forma paralela se facultaba a exigir de comerciantes e industriales declaraciones juradas atinentes a la producción y comercialización, y asimismo se posibilitaba el secuestro de sus libros y papeles de comercio a fin de verificar eventuales infracciones. Para el caso de detectarse maniobras de acaparamiento, elevación injustificada de precios, sobrevaluación de insumos, etc. la ley previó sanciones de multa, arresto, clausura y hasta prisión de los responsables.-

La política económica que originó el dictado de la Ley de Abastecimiento no duró ni fue eficaz, el por entonces Ministro de Economía Gelbard fue reemplazado brevemente por Gómez Morales y luego por Celestino Rodrigo, que se vio obligado a “sincerar” la economía  generando un golpe inflacionario bautizado “rodrigazo” que dio por tierra con el programa de control de precios previsto.-

Las disposiciones de la Ley de Abastecimiento, en tanto afectaban elementales garantías constitucionales vinculadas al derecho de propiedad, fueron fundadamente calificadas de inconstitucionales, y en la práctica excepcionalmente utilizadas por la DGI – AFIP a fin de aplicar clausuras por falta de emisión de facturas.-

Muchos años después, y en total contraposición a esta filosofía, en  1991 otro presidente de igual signo político dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 2284 tendiente a la total desregulación económica del comercio interior.  El art. 4 de este Decreto estableció la suspensión del ejercicio de las facultades que fueran concedidas al Poder Ejecutivo por medio de la Ley de Abastecimiento “el que solamente podrá ser restablecido, para utilizar todas o cada una de las medidas en ella articuladas, previa declaración de emergencia de abastecimiento por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACION, ya sea a nivel general, sectorial o regional”. Como excepción de esta suspensión  se mantuvo vigente la posibilidad de dictar normas que rijan la comercialización, intermediación, distribución y/o producción de bienes y servicios. El Decreto de Necesidad y Urgencia N° 2284/91 fue ratificado con jerarquía de ley por el art. 29 de la Ley 24307.-

En forma coherente  con su contenido, aproximándonos a la materia objeto de estas apreciaciones, el Decreto 1212/89 en su artículo 9 había establecido la libertad de precios de “todos  los productos derivados del petróleo en todas sus etapas”.-

Como hemos visto, la posibilidad de aplicar las normas de la Ley de Abastecimiento requiere como recaudo previo la declaración de emergencia por parte del Congreso, lo que supone el dictado de una ley en tal sentido.

En 1999 el mismo presidente Menem, firmante  del Decreto 2284/91 dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia 722/99 declarando el “estado de emergencia de abastecimiento a nivel general” y restableciendo la vigencia de las facultades otorgadas por la ley 20.680 como consecuencia  de la existencia de piquetes y cortes de rutas que afectaban el aprovisionamiento de bienes en determinadas poblaciones.  Esta declaración, dictada hace mas de 20 años, no fue ratificada legislativamente y no tiene motivaciones análogas a las que se invocan actualmente propiciando la aplicación de la norma, sin embargo fue utilizada para fundamentar los términos de la Resolución de la Secretaría de Comercio Interior N° 25/2006 que estableció pautas para el abastecimiento de gas oíl a las estaciones de servicio (abastecimiento igual al volumen de igual mes del año anterior incrementado en proporción al crecimiento del producto bruto interno). Por el punto séptimo del anexo de esta Resolución, la Secretaría de Comercio Interior se auto facultó –ilegítimamente- para actuar aplicando los procedimientos previstos en la ley 20680.-

Hace ya ocho años, en 2002, siendo Presidente de la Nación Eduardo Duhalde se sancionó la Ley 25.596 (B.O. 29/5/2002) que dispuso la declaración de emergencia en el abastecimiento de gas oíl. Cabe destacar que en esta ley no se hace referencia a estar cumpliendo con los recaudos exigidos para tonar operativa, en materia de gas oíl,  la ley 20680, siendo su objetivo eximir del impuesto a los combustibles líquidos establecidos por la ley 23966 a las importaciones de este combustible por el plazo en ella establecido, es decir que no fue la motivación de su dictado el de tornar aplicable la ley de abastecimiento  -no existían causas para ello – sino justificar la exención impositiva.-

Hace unos pocos días y conforme lo anuncian los medios de difusión, por vía de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación se hizo saber que con motivo del incremento de precios de los combustibles esta dependencia estatal aplicaría, a quienes considera responsables de tales aumentos, las normas contenidas en la Ley de Abastecimiento. Pese a que no son los dueños de las estaciones de servicios quienes fijan los precios a los consumidores este anuncio les ha provocado una lógica preocupación.–

Del análisis circunstanciado de las normas a que se ha hecho referencia surge con toda claridad que para poder aplicar las disposiciones de la Ley de Abastecimiento debe declararse la emergencia en el abastecimiento por ley (art. 4 del Decreto 2284/91 ratificado por el art. 29 de la ley 24307), cosa que no se ha hecho.-

Por lo demás solo incurriendo en una grosera desviación de poder se podría considerar vigente la declaración genérica de emergencia dictada por el Decreto 722/99  que respondió a otra motivación (piquetes y cortes de ruta, no precios),  no fuera ratificado por ley, y además dado el tiempo transcurrido mal podría atender a una emergencia actual.-

Observando desde otro ángulo debemos  recordar sin embargo que la llamada Ley de Emergencia Económica N° 25561 (B.O. 7/1/2002) continúa vigente en virtud de sucesivas prórrogas (la última dispuesta por la ley 26563). El art. 13 de esta ley dispone “Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a regular, transitoriamente, los precios de insumos, bienes y servicios críticos, a fin de proteger los derechos de los usuarios y consumidores, de la eventual distorsión de los mercados o de acciones de naturaleza monopólica u oligopólica”.-

La posibilidad que anticipa esta ley nada tiene que ver con lo anunciado por la Secretaría de Comercio. Pero aún de considerársela aplicable, para su instrumentación práctica deberían al menos cumplirse dos recaudos. El primero de ellos es la necesidad de establecer por vía  normativa  la regulación de precios a que hace referencia, para cuya fijación se deberían contemplar los costos de los sectores que intervienen en la comercialización de los combustibles (como lo fue hasta 1989) y la derogación (o al menos suspensión) de los decretos desregulatorios (fundamentalmente el 1212/89).

El segundo es que toda norma que se pretenda dictar en este sentido debe necesariamente contener las sanciones a aplicar a quienes la incumplan, sanciones que por tener carácter penal, en virtud de lo normado por el 99 inc. 3 y 18 de la Constitución Nacional, solo pueden ser fijadas por ley del congreso.-

Tanto por el contenido de las disposiciones cuya aplicación se ha preanunciado, como del análisis de la jerarquía normativa constitucional en que ellas enmarcan  debemos concluir en la imposibilidad jurídica de aplicar la Ley de Abastecimientos tal como se anunciara.-

Claro está que si desobedecemos el orden legal y constitucional todo pude ser posible.-

Buenos Aires, Agosto de 2010.-

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