El Gobierno está en estos días atravesando sin dudas la crisis más dura desde que comenzó su gestión. Una de las áreas que le ha traído mayores inconvenientes es la de los hidrocarburos.  Era previsible que los enormes desatinos cometidos durante el kirchnerismo tendrían un costo altísimo, que tal vez no se estimó lo suficientemente bien en un comienzo por el Gobierno de Cambiemos. Dos son las facetas que más impactan: la crisis energética heredada, y la crisis fiscal que ella conlleva.

La década (en realidad casi 13 años) de kirchnerismo nos retrotrajo a una pésima situación en materia de producción de combustibles, en especial, gas, naftas y diésel. Algunos datos ayudan a poner en perspectiva este tema.

Según datos oficiales del Ministerio de Energía de la Nación, en 1999 el país contaba con su máximo histórico de producción de diésel, naftas y gas. No es casual, ya que el gobierno de Menem liberó las variables del mercado de combustibles, y fomentó la inversión extranjera directa en el área; además de la excepcional gestión que en la YPF estatal había efectuado José Estenssoro, muerto en situaciones trágicas, y tal vez dudosas. Menem así, retomó la situación previa al primer Gobierno de Perón, situación en la que el país vivía un auge petrolero. Recordemos que Juan Domingo Perón no sólo le dio a  YPF el monopolio de exploración y explotación estatal de los yacimientos, sino que inició un plan de combate contra las empresas petroleras extranjeras, al mismo tiempo que llenó los cargos directivos de YPF de sindicalistas, comisarios políticos, y empleados, que poca o nula idea tenían del tema petrolero. Esta política de Perón tuvo como consecuencia que sólo cinco años más tarde, en 1950, pasáramos de ser un país que se perfilaba como exportador, a un país que importaba tanto combustible como producía. El Gobierno de Perón trató entonces, tarde, de conciliar con las empresas que consideraba “enemigas yanquis” (recuérdese el “Braden o Perón” que impulsó su elección); pero, claro está, sin éxito. Así fue entonces que durante los próximos cuarenta años (desde 1950 a 1990), YPF fue deficitaria. Saqueada, vaciada, constituida en botín político, en campo de experimentos, y en todos los desmanes y equivocaciones que fueron posibles.

Nuestro autoabastecimiento fue siempre postergado. Los gobiernos de Frondizi (éste condicionado por el peronismo) y de Illia trataron, también, de tomar el tema petrolero como un tema de “absoluta soberanía nacional”, rescindiendo los contratos con las empresas extranjeras e intentando despojar a éstas de cualquier injerencia seria en materia energética. Los resultados ya los conocemos: ambos gobiernos fueron truncados antes de su finalización.

Así fue que en 1999, a fin del Gobierno de Menem expresamente partidario del libre mercado en materia petrolífera, el país producía 36.579 TEP (Toneladas Equivalentes de Petróleo) de Gas Natural, y NO IMPORTABA; y producía 10.965 TEP de Diesel Oil más Gas Oil, y NO IMPORTABA. Estos dos elementos son fundamentales para la industria y para el campo, de allí que he escogido éstos dos combustibles.

Néstor Kirchner recibió el país en 2003 con una producción de  43.927 TEP de GN, Importando sólo 7 TEP; y con una producción de Diesel Oil más Gas-Oil de 10.155 TEP, importando 370 TEP de ésos combustibles.

Después de doce años, su mujer Cristina Kirchner entregó el país con un resultado pésimo:

En 2015 el país producía 37.786 TEP de Gas Natural, e Importaba 4.957 TEP, es decir, el TRECE POR CIENTO de lo que producía, mientras que se producían 10.160 TEP de Diesel + Gas Oil, y se importaban 3.337 TEP de ése combustible, o sea EL TREINTA POR CIENTO de lo que se producía. Véase además que estamos hablando de que, DIECISÉIS AÑOS MÁS TARDE, la producción no sólo no creció, sino que BAJÓ, y además, la importación pasó de cero a 4957 TEP. En 16 años, tanto el parque automotor cuanto el consumo industrial y agropecuario se multiplicaron; y de allí la necesidad ante la falta de inversión y producción, de importar combustibles, dejar de exportar gas, y pagar lo importado a precios astronómicos con sobreprecios mediante; sin contar que además se condicionó la producción industrial mediante severos y constantes cortes de gas, como así también se racionó y establecieron cupos de gas-oil.

Es decir, que el país se atrasó considerablemente al impedir que la inversión extranjera y el mercado se condujeran libremente en nuestro país. El resultado está a la vista.

El costo fiscal que tuvo esto para el país fue enorme. Costos directos, sobreprecios (corrupción), subsidios,  “precios sostén” y otras yerbas, fueron los causantes de que se dilapidara la mayor recaudación del país por los buenos precios de los productos agrícolas en el mundo y la megadevaluación de Duhalde primero (dólar de $1 a $4)  y luego de Kirchner (de $3 a $15).  Es decir, en criollo: para pagar el déficit energético no hay plata que alcance.

El país no puede, por sí solo, explotar el inmenso potencial de energía que tiene. Necesita imprescindiblemente, de la inversión extranjera. Y para ello, claro está, del marco estable y transparente de reglas de juego.

Si bien se estima según varias fuentes que se necesitan al menos 250.000 Millones de Dólares para explotar en todo su potencial el yacimiento de Vaca Muerta, también es cierto que se cree que éste yacimiento es el tercero en el mundo por su potencial (shale gas) e implica más reservas que las que tienen continentes enteros.  Está claro que el país no dispone de estas cantidades de dinero para aprovechar un recurso cuya magnitud ni siquiera imaginamos.

La Argentina no puede ahora volver a manosear el mercado de hidrocarburos fijando precios, como lo hizo el kirchnerismo, porque ello no sólo implicaría faltar a la palabra dada a los inversores, sino que además, implicaría volver ahuyentar la inversión, distorsionar el mercado, generar escasez,  posponer el desarrollo energético del país y, peor aún, aumentar a corto y mediano plazo el déficit fiscal; puesto que debe tenerse presente que lo que no se produzca se importará. No puede volver a caerse en la misma miopía.  Obligar a YPF a competir está bien, pero si lo que se busca es regular el mercado haciéndole perder dinero a YPF, también estaremos por el mal camino de la competencia desleal, incluso en el dumping interno si, como parece, se le hace vender por debajo del costo para forzar a las otras compañías a no aumentar y perder dinero para que “no se note tanto” el curso de la inflación.

Los aumentos constantes de precio del combustible, debido a varios factores externos e internos, pueden paliarse al consumidor bajando la carga fiscal en los mismos; y fomentando la inversión extranjera en exploración, explotación, refino y distribución, aumentando significativamente la oferta y estabilizando la economía con propuestas y planes serios; no con remanidas y probadamente malas herramientas intervencionistas. Si los impuestos son menos y más baratos, se recauda más, eso está probado; además de fomentar la producción y el consumo. Si se quiere reducir el impacto del aumento del petróleo y el tipo de cambio, pues entonces el Estado debe bajar la carga fiscal sobre los combustibles; y no obligar a quienes producen y comercializan a perder dinero.

Economía y Energía no pueden funcionar como áreas escindidas una de otra; debe entenderse muy bien el impacto que cada área tiene en la otra. Tampoco puede el Gobierno pretender que hará cualquier cosa en el mercado petrolero sin tener consecuencias incluso políticas, como ya ejemplificamos con Frondizi e Illia.  Argentina tiene que integrarse al mundo; de nada sirven nuestros recursos naturales si no le sumamos el trabajo y el capital necesario para transformarlos en riquezas para todos los argentinos. El petróleo, mientras está en el subsuelo, no sirve para nada.

MARCELO A. SALEME MURAD es especialista en asesoramiento de empresas, abogado y escribano