Se conoció ayer el informe de la Junta de Ética y Transparencia (JUTEP), que analizó los obrados presentados por UTE, en base a una auditoría de PWC, en torno a la empresa Gas Sayago, responsable por la inconclusa “Regasificadora”, tema del que Surtidores dio debida cobertura.

La pérdida de 213 millones de dólares, por parte de la planta industrial, resultó en un argumento fundamental para la JUTEP, que investiga presuntas irregularidades en la empresa.

CONSINTIERON SITUACIONES IRREGULARES

El documento hecho público afirma que la gestión del proyecto de Gas Sayago “transgredió las normas y a principios éticos” al tiempo que lo consideró “deficiente”.

Según el organismo, los jerarcas de UTE y ANCAP “validaron expresa o tácitamente estos hechos y actos”, que constituyeron “un desvío de las directrices generales de buena administración pública” al tiempo que el documento sentenció que “el directorio, los accionistas y la comisión fiscal de Gas Sayago consintieron las situaciones irregulares” con controles de estas dos empresas públicas “ineficaces e ineficientes”.

Más adelante, el texto entiende que de haberse obrado con estricto apego a la protección del interés público en juego, es razonable pensar que “los resultados negativos se hubiesen atenuado”.

DEBER RESENTIDO

La JUTEP consideró que el deber de “quienes ejercen la función pública en sentido amplio, resultó resentido”. Agrega que la decisión de avanzar en el plan “no coincide con el concepto de ‘idónea administración de los recursos públicos’”.

Tal vez lo más grave, se encuentra en un documento de 2013, en el que ya se preveía una “rentabilidad negativa para los accionistas” de US$ 76 millones.