Tras la contundente derrota en las PASO y en el afán de revertir el resultado en las elecciones de octubre, el Gobierno dispuso aplicar en el gas una medida similar a la de los combustibles líquidos: Postergar la suba de la tarifa de octubre hasta el año próximo. La decisión fue comunicada por el Secretario de Energía de la Nación, Gustavo Lopetegui.
“El aumento de octubre no lo vamos a hacer y se va a hacer en diciembre la audiencia pública para aplicarlo recién en enero”, detalló el funcionario.
Lopetegui explicó que “hay dos componentes para la tarifa: el dólar y el precio del gas. Hay una diferencia en el dólar pero algo va a compensarse con el precio del gas” por lo que “el precio del gas en teoría debería bajar. Está a 4,55 dólares -por millón de BTU- y el precio del dólar estaba fijado a 41 pesos, y ahí sí hay diferencia”.
La novedad también tiene impacto en las Estaciones de Servicio que comercializan GNC, ya que aquellas que adquieren el producto a través de las distribuidoras no sufrirán alteraciones en el costo del fluido hasta 2020.
Diferente es el caso de aquellas bocas que operan en provincia y Ciudad de Buenos Aires que ajustan el precio según lo hace el litro de nafta súper YPF, o las que compran directamente a productores, que cotizan el metro cúbico en dólares.
Según adelantó el funcionario, el costo de la postergación será absorbido por el Estado Nacional, que desembolsará una compensación extra a las gasíferas.
¿RECLAMO ESCUCHADO?
Días atrás, el Instituto Argentino de la Energía General Mosconi, presidido por Jorge Lapeña, ex Secretario de Energía durante el mandato de Raúl Alfonsín, manifestó a través de un comunicado que “el congelamiento de 90 días sobre la nafta y el gasoil no cumplirán su objetivo social y económico perseguido si no se extiende la medida a otros combustibles durante el mismo lapso como el GNC, el gas residencial y el gas para la generación eléctrica”.
Respecto al Gas Natural Comprimido, el documento sostiene que “al tratarse de un segmento desregulado pondrá en riesgo la proporcionalidad con la realidad económica perjudicando un importante universo de trabajadores (taxis, remises y fletes urbanos) y usuarios de dicho combustible en general”.