Directivos de las Cámaras y Federaciones, integrantes de la Confederación de Entidades del Comercio de los Hidrocarburos de la República Argentina, mantuvieron una reunión de Comisión Directiva bajo la modalidad virtual, para analizar la situación de las Estaciones de Servicio durante la cuarentena.
Los representantes de las provincias que participaron del encuentro coincidieron en el crítico escenario que atraviesa el sector, producto de las medidas preventivas para evitar el contagio del Covid-19. “Si bien las ventas van subiendo, aún estamos muy lejos de la normalidad”, afirmó el presidente de CECHA, Gabriel Bornoroni.
En este sentido, el empresario confirmó a surtidores.com.ar que a través de “Expendedores Unidos”, solicitaron al ministro Matías Kulfas, el pedido de incluir el aguinaldo en el Programa de Ayuda al Trabajo y la Producción. “La gravedad de la emergencia sanitaria y la consiguiente afectación de la actividad de nuestro sector debido al aislamiento social obligatorio requiere del esfuerzo de todas las partes para poder salvar a las PyMES”, remarcó.
Pero no solo al Gobierno reclamaron asistencia, los estacioneros también recurrieron a las petroleras en busca de alguna medida que logre aliviar el difícil contexto. El pedido de auxilio se hizo extensivo además al Ente Regulador de Gas y al de Electricidad, para que las distribuidoras eliminen el cargo fijo por reserva de capacidad contratada en ambas energías.
Asimismo, durante el zoom se consideraron los alcances del acuerdo firmado con el Sindicato, que dispuso la extensión por dos meses de la “Suspensión de Prestación de Servicios – Art. 223 bis LCT para el Sostenimiento del Trabajo y la Actividad”, por el cual durante los meses de julio y julio los empleados percibirán el 100 por ciento de la remuneración neta mensual y los operadores tributarán la mitad de las contribuciones.
Finalmente los expendedores debatieron el Proyecto de Ley presentado por el diputado Ramiro Gutiérrez, que propone prohibir a las petroleras que comercialicen combustibles de manera directa, así como modificaciones en la duración de los contratos y otras medidas en defensa de las PyMES.