Este miércoles, los estacioneros de la Provincia de Santa Fe agrupados en FAENI, con el apoyo de CECHA, se encontrarán con las entidades que agrupan a los bancos que forman parte de la operatoria de Visa.
Se trata de la última instancia de mediación en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. De no llegar a un acuerdo, activarán una demanda en el ámbito de la justicia nacional comercial.
Los empresarios reclaman una disminución sustancial del plazo de acreditación, que de manera abusiva las empresas de tarjeta de crédito establecieron en 18 días hábiles y que se transforman en 28 a 30 días corridos.
Adicionalmente, los aranceles cobrados son entre 5 y 6 veces mayores a los de países de Latinoamérica, demostrando que la integración vertical entre varios de los principales bancos del país y Prisma Medios de Pago S.A. (empresa dueña de Visa Argentina) se traduce en un abuso de posición dominante.
Ya en el año 2016, por motivos similares, Prisma y sus accionistas (que son los 14 bancos más importantes que operan en el país) fueron objeto de una denuncia ante la CNCD iniciada por el Ministerio de Producción.
Paralelamente hubo tres proyectos de ley (uno del senador Alfredo Luenzo, otro del diputado Raúl Conesa y un tercero de los diputados Eduardo Amadeo y Daniel Lipoveztky) tendientes a reducir las comisiones que cobran las tarjetas a los comercios minoristas y a acortar el plazo de pago.
Pero todo eso quedó diluido a comienzos del año 2017 cuando Prisma, First Data (Mastercard), Cabal, Tarjeta Naranja, Italcred y Tarshop firmaron con la CAC (Cámara Argentina de Comercio y Servicios) y la CAME (Cámara Argentina de la Mediana Empresa) un acuerdo de rebaja progresiva de los aranceles y comisiones de sus tarjetas de crédito y débito, plan que se completaría en el año 2021. En dicho acuerdo no se incluyó al comercio minorista de combustibles, que en su mayoría, son pymes, cuyo impacto sobre el margen es 5 veces mayor.
COSTOS EN ALZA Y DESFINANCIACIÓN
Haciendo un análisis de cómo se integra el costo del combustible, se puede concluir que las operaciones con plásticos son deficitarias. Del precio de venta, el 54 por ciento se lo lleva el fluido; los impuestos (sobre los combustibles, IVA, débitos y créditos bancarios, ingresos brutos y tasas provinciales) suman otro 36. De lo que queda todavía hay que pagar los sueldos, cargas sociales, gastos de mantenimiento y de seguridad. Por lo tanto, a las Estaciones de Servicio apenas les quedan un par de puntos de utilidad. En ese escenario el 1,25 por ciento de arancel resulta demoledor.
Tales comisiones no sólo son muy superiores a las que recaudan las empresas de tarjetas a las expendedoras de los países del primer mundo (en especial Australia, Canadá, Estados Unidos y los integrantes de la Comunidad Europea) sino que también lo son respecto a las que se perciben en casi toda América Latina. Sin embargo, el problema más grave es financiero.
Las empresas de tarjetas y los bancos a ellas asociados, por las operaciones de crédito, se toman hasta 28 días para depositar las operaciones (nominalmente son 18 días hábiles). En cambio las Estaciones de Servicio deben pagar el combustible prácticamente al contado.
Finalmente cabe mencionar la problemática de los plazos de acreditación ante los aumentos en el combustible. Teniendo en cuenta una suba promedio del 12 por ciento y considerando que la capacidad de almacenamiento de una boca de expendio es de 90.000 litros, el quebranto alcanza el 62 por ciento del margen bruto.