Desde el mes de mayo, el Banco Central (BCRA), autorizó que las entidades financieras cobren una comisión por los depósitos en efectivo. Un arancel del 1 por ciento que se aplica a las empresas que depositen montos mensuales de $ 50.000 o más. O sea, casi todas. El 17 de mayo pasado el titular de CECHA, Carlos Gold, había sostenido que se trata “de un verdadero problema para el sector porque nuestra recaudación  va  a las cuentas de nuestras petroleas proveedoras”.

Osvaldo González, tesorero de la entidad, volvió a realizar el reclamo que, por el momento, encontró oídos sordos en la sede de la máxima autoridad monetaria. El directivo explicó: “nos preocupa mucho porque afecta a nuestra rentabilidad.  Más del 40 por ciento de lo que recaudamos en el surtidor se trata de impuestos. La comisión que nos cobran los bancos representa, para nosotros, el 10 por ciento de utilidad bruta”.

Acerca de las expectativas para encauzar una negociación, el dirigente sostuvo: “Al momento hemos logrado que algunos pocos bancos bajaran la alícuota. Pero al tratarse de una decisión del Banco Central debemos dialogar con ellos. Y, por ahora, no hay ninguna respuesta”.

Otros actores del sector que oyeron los reclamos fueron los petroleros, quienes tomaron nota, pero hasta ahora no realizaron ninguna bonificación. “Es comprensible que el Estado deba bancarizar a la población pero este proceso encarece los costos de la actividad y nosotros no podemos trasladarlo a precios. Así que, claramente, somos los perjudicados”, afirmó González.

Con respecto a las gestiones ante la AFIP para analizar los costos y los impuestos que cargan en las tarjetas de crédito tampoco se ha logrado la comprensión de las autoridades recaudatorias. A fines de abril, los directivos de CECHA fueron recibidos por Diana Guterman, directora de investigación financiera. Pero, luego de presentar un esquema de las retenciones al sector, no se avanzó en la negociación.

González explicó que una posible solución es “reducir la alícuota que nos retienen por cada operación y reducir la base imponible de los montos a computar. Para ello hay que analizar la composición impositiva de la factura y cuál es el impacto sobre las ventas de combustibles”.

La preocupación de los estacioneros por estos dos puntos se suma a los altos cargos que les cobran las empresas que gestionan las tarjetas y por los plazos de acreditación, demasiados extensos, para un sector que se mueve al día. “Vendemos la nafta a un precio en un mes y se nos acredita un mes más tarde”, afirmó el dirigente.