La totalidad de los estacioneros de Caseros y Tres de Febrero se unieron para presentar una acción de amparo contra la iniciativa del Intendente Diego Valenzuela y los concejales del bloque oficialista, porque fueron notificados por las autoridades que deberán abonar el costo de la Tasa Vial del año 2017, de forma retroactiva.
“No vamos a pagar nada, porque el impuesto fue derogado y nosotros nunca le cobramos dicha tasa a los usuarios, por lo cual, iniciamos un recurso administrativo en primera instancia que se transformó en una acción de amparo para dejar asentada la ilegalidad de su aplicación”, dijo a surtidores.com.ar, el referente del sector a nivel local, Ruben Roca.
De esta manera los denunciantes se basaron en una decisión que el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires que, el 23 de julio pasado, advirtiera fehacientemente a los ediles del Poder Ejecutivo Municipal para el caso de Vicente López.
El texto advierte que “ante la posibilidad de un perjuicio económico municipal derivado de eventuales juicios de terceros por la aplicación de la normativa referida, se responsabilizará por las costas del juicio y demás gastos asociados a quienes hubieren intervenido en la sanción y promulgación de la misma, con las consecuencias previstas por los artículos 241/244 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires y 16 de la Ley N 10.869”.
El fallo firmado por los funcionarios judiciales Beatriz Arroyo y Juan Elortegui, recuerda a los integrantes del gobierno local que “el cobro de dicha tasa no goza de legitimidad por cuanto, no se corresponde con la efectiva prestación de un servicio al contribuyente y, además, por no encontrarse, los municipios de la Provincia, habilitados a imponer tributos como el presente, dada la adhesión de la Provincia de Buenos Aires a la Ley del Fondo Nacional de Vialidad”.
Así las cosas, los empresarios del combustible de Tres de Febrero esperan que esta nota judicial sea extendida para toda la provincia y en especial a su municipio, donde recordaron que la resolución fue derogada en 2018 y 2019 y que “nunca fue implementada por los dueños de las Estaciones de Servicio a sus clientes”.
Los consultados por este medio coincidieron en que el caso puede sentar un precedente para el resto del país y aseguran que generó preocupación en los funcionarios por el hecho de que por primera vez queda especialmente asentada la advertencia que los obliga a responder con sus propios bienes por las acciones de gobierno contrarias a lo que indica la ley.
