El fenómeno reciente lo dio a conocer a surtidores.com.ar, el abogado especialista en hidrocarburos, Dr. Martín Matzkin, quien advirtió que los clientes aluden que los aportes del Estado y las facilidades en la extensión de plazos de pago a los servicios, no les resultan suficientes para enfrentar los reclamos de los otros proveedores particulares y créditos asumidos que no pueden pagar.
Agregó que la situación se da tanto para operadores de líquidos como de GNC, porque ante el freno que se da en el Área Metropolitana de Buenos Aires, donde se espera un retroceso a fase 1 del aislamiento obligatorio, “los números no dan para sostener la estructura normal de costos”, aseveró.
En tal contexto, recalcó que el camino jurídico a seguir para casos extremos es el contemplado en la ley de quiebras, donde se reconoce el “Derecho de Insolvencia”, por sobre cualquier otra norma o Decreto, ya que contiene un carácter constitucional. “Soy insolvente, no tengo flujos de fondos”, es el argumento de los estacioneros.
“En este procedimiento, rige el principio de continuidad de la empresa, mediante el cual, es posible, comenzar una negociación con los acreedores, con el negocio trabajando y manteniendo el plantel de empleados y actividad”, explicó.
Matzkin aclaró que en el caso de que el expendedor afectado pueda acceder al concurso preventivo, como paso previo a la quiebra del negocio, se arma un acuerdo con el conjunto de las personas físicas o jurídicas que pretenden cobrar la deuda y en la mayoría de los casos, las petroleras, distribuidoras de gas y las empresas de energía eléctrica, terminan adaptándose al resto de los acreedores, quienes “por lo general son más flexibles al momento de negociar”, consideró.
El letrado lamentó en este sentido que con los efectos de la cuarentena, el Poder Judicial incurra en la “inconstitucionalidad” de que los jueces cumplan con un aislamiento preventivo y mantengan los tribunales cerrados, causando una “parálisis de la justicia, que pone en riesgo el republicanismo, ya que no actúan los resortes de control de los otros dos poderes”.
“Los tiempos políticos son diferentes a las urgencias de mantener con vida una inversión comercial de las características de la venta de combustibles”, comentó y agregó “el concurso preventivo es una herramienta para aquel expendedor que se quedó sin espalda para esperar que la política decida”, comparó.
Ante esto, el especialista, recomendó ingresar las demandas a través de los juzgados penales que se encuentran de turno y así acceder al primer paso en la cadena judicial.